Bekki Holzkamm ha estado tratando de contratar a un técnico de laboratorio para un hospital en una zona rural de North Dakota desde finales del verano. Ningún ciudadano estadounidense presentó una solicitud.
West River Health Services, en Hettinger —un pueblo de unos 1.000 habitantes en el suroeste del estado— tiene cuatro opciones, y ninguna es buena.
El hospital podría pagar los $100.000 que cuesta la nueva tarifa de la visa H-1B impuesta por la administración Trump y contratar a uno de los más de 30 postulantes de Filipinas o Nigeria.
Pero esa cifra equivale a lo que algunos hospitales rurales pagarían por dos técnicos de laboratorio durante un año, señaló Holzkamm, quien es la jefa del laboratorio en el centro de salud.
West River también puede optar por pedir al Departamento de Seguridad Nacional una exención del pago. Pero no está claro cuánto tiempo tomaría el proceso ni si el gobierno la otorgaría. Otra posibilidad sería seguir tratando de reclutar a alguien dentro de Estados Unidos. O dejar la vacante sin cubrir, dijo Holzkamm, pero eso aumentaría la carga de trabajo del actual “equipo que ya es mínimo”.
El sistema de salud en Estados Unidos depende del personal nacido en el extranjero para cubrir plazas como médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales, especialmente en centros que siempre enfrentan escasez de personal en zonas rurales.
Pero una nueva orden presidencial dirigida al uso de visas H-1B en la industria tecnológica está dificultando que hospitales como West River y otros proveedores rurales los contraten.
“La industria de la salud ni siquiera fue considerada. Van a ser víctimas colaterales, y en un grado tan extremo que está claro que no se pensó en eso en absoluto”, dijo Eram Alam, profesora asociada en Harvard cuyo último libro examina la historia de los médicos extranjeros en Estados Unidos.
Elissa Taub, una abogada de Memphis, Tennessee, que asesora a hospitales en el proceso de solicitud de visas H-1B, ha escuchado preocupaciones similares de sus clientes.
“No es que haya un excedente de médicos o enfermeros estadounidenses esperando para llenar esas plazas”, dijo.
Hasta hace poco, West River y otros empleadores pagaban hasta $5.000 cada vez que patrocinaban a un trabajador con visa H-1B, que está reservada a trabajadores extranjeros altamente calificados.
La nueva tarifa de $100.000 —parte de una orden firmada en septiembre por Trump— se aplica a los trabajadores que viven fuera de Estados Unidos, pero no a quienes ya se encuentran en el país con una visa.
Kathrine Abelita, técnica de laboratorio en West River, es una de las nueve personas empleadas —seis técnicos y tres enfermeros— que actualmente tienen o han tenido visas H-1B. Abelita es originaria de Filipinas y trabaja en West River desde 2018. Ahora es residente permanente de Estados Unidos.
Respecto de la nueva tarifa, opinó: “Esto va a ser un gran problema para la atención médica rural”. Agregó que la mayoría de los trabajadores jóvenes estadounidenses prefieren vivir en áreas urbanas.
Según una encuesta del gobierno publicada en 2023, el 16% de las enfermeras registradas, el 14% de los asistentes médicos y el 14% de las enfermeras practicantes y parteras que trabajan en hospitales del país son inmigrantes.
Además, casi una cuarta parte de los médicos se graduaron en escuelas de medicina fuera de Estados Unidos o Canadá, según los registros de licencias de 2024.
La Asociación Americana de Hospitales (AHA, por sus siglas en inglés), dos organizaciones nacionales de salud rural y más de 50 sociedades médicas han solicitado al gobierno que exima al sector salud de este nuevo arancel. Argumentan que el alto costo afectará de manera desproporcionada a las comunidades rurales que ya enfrentan dificultades para financiar y atraer personal médico.
“Una excepción general para los proveedores de salud es la solución más sencilla”, escribieron en una carta conjunta la Asociación Nacional de Salud Rural (NRHA, por sus siglas en inglés) y la Asociación Nacional de Clínicas Rurales de Salud.
La disposición contempla exenciones para personas, trabajadores de empresas específicas e incluso industrias completas, siempre que sea en función del “interés nacional”.
Las nuevas directrices indican que la exención solo se otorgará en circunstancias “extraordinariamente raras”, esto implica demostrar que no hay trabajadores estadounidenses disponibles para el puesto y que obligar a la empresa a pagar los $100.000 “socavaría significativamente” los intereses nacionales.
Taub calificó esos requisitos como “extraordinariamente estrictos”.
Representantes de la NRHA y de la Asociación Médica Americana (AMA, por sus siglas en inglés), que organizó la carta firmada por las sociedades médicas, dijeron que no han recibido respuesta luego de enviar solicitudes a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre finales de septiembre y principios de octubre. La AHA no quiso decir si obtuvo alguna respuesta.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional remitieron las preguntas de KFF Health News a la Casa Blanca, que no respondió sobre los plazos para las exenciones individuales ni sobre la posibilidad de una excepción general para el sector salud.
En cambio, la vocera de la Casa Blanca, Taylor Rogers, envió una declaración en defensa del nuevo arancel, diciendo que busca “poner a los trabajadores estadounidenses en primer lugar”.
Sus comentarios reflejan el enfoque de la orden de Trump, que acusa a la industria tecnológica de abusar del programa H-1B al reemplazar a empleados estadounidenses por trabajadores extranjeros peor pagados. Pero la orden incluye a todos los sectores.
Alam, la profesora de Harvard, señaló que la dependencia que tiene el país de proveedores internacionales plantea preocupaciones legítimas, como el hecho de que se está atrayendo profesionales de países de bajos ingresos que enfrentan desafíos sanitarios y escasez de personal aún mayores que los de Estados Unidos.
Esta dependencia, que lleva décadas, se debe, explicó, al aumento poblacional, a que las facultades de medicina históricamente excluyeron a hombres no blancos, y al hecho de que resulta “mucho, mucho más barato” importar profesionales formados en el extranjero que invertir en ampliar la educación médica dentro del país.
Según un análisis de encuestas y estudios, los médicos formados en el extranjero suelen trabajar en zonas rurales o urbanas empobrecidas y con servicios limitados.
Este año, cerca de un millar de trabajadores con visas H-1B han estado empleados en zonas rurales, según la carta enviada por las dos organizaciones de salud rural al gobierno de Trump.
Las visas J-1, que son las más comunes entre los médicos extranjeros que realizan su residencia y otra formación de posgrado en Estados Unidos, exigen que los aspirantes regresen a su país de origen durante dos años antes de solicitar una visa H-1B.
Sin embargo, un programa gubernamental conocido como Conrad 30 Waiver Program permite que, cada año, hasta 1.500 personas con visa J-1 permanezcan en Estados Unidos y soliciten una H-1B a cambio de trabajar durante tres años en áreas con escasez de proveedores, incluidas muchas comunidades rurales.
La disposición presidencial de Trump indica que los empleadores que patrocinan a trabajadores con H-1B que ya se encuentran en el país —como los médicos con estas exenciones— no tendrán que pagar la tarifa de seis cifras. Esa excepción fue aclarada en una guía publicada aproximadamente un mes después de la normativa.
Pero los empleadores deberán pagar la nueva tasa si contratan médicos u otros trabajadores que solicitan la visa desde otros países.
Alyson Kornele, directora ejecutiva de West River Health Services, dijo que la mayoría de las enfermeras y técnicos de laboratorio extranjeros que emplea el hospital están fuera de Estados Unidos al momento de presentar la solicitud.
Ivan Mitchell, director ejecutivo de Great Plains Health en North Platte, Nebraska, dijo que la mayoría de los médicos de su hospital con visa H-1B ya estaban en el país con otro tipo de visa cuando se postularon. Pero mencionó que los fisioterapeutas, enfermeros y técnicos de laboratorio suelen solicitarla desde el extranjero.
Según Holzkamm, antes del nuevo arancel, contratar a solicitantes con visa H-1B para su laboratorio tomaba entre cinco y ocho meses.
Bobby Mukkamala, cirujano y presidente de la Asociación Médica Estadounidense, dijo que tanto los legisladores republicanos como los demócratas están preocupados por las consecuencias que esto tendrá en la atención médica rural.
Entre ellos se encuentra el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien afirmó que planeaba comunicarse con el gobierno para plantear posibles exenciones.
“Queremos que el proceso sea más fácil, no más difícil; y menos costoso, no más caro, para quienes necesitan mano de obra”, dijo el republicano a KFF Health News en septiembre.
La oficina de Thune no respondió a las preguntas sobre si el senador ha tenido contacto con el gobierno respecto a posibles exenciones para personal médico.
El gobierno de Trump enfrenta al menos dos demandas judiciales que buscan bloquear la nueva tasa. Una de las demandas fue presentada por una empresa que recluta enfermeros extranjeros y un sindicato que representa a médicos recién graduados. Otra, elevada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, menciona la preocupación por la escasez de médicos y la capacidad de los sistemas de salud para asumir este nuevo costo.
Kornele dijo que West River no podrá pagar una tarifa de $100.000, por lo que está redoblando esfuerzos de reclutamiento y retención local.
Pero Holzkamm afirmó que no ha tenido éxito al buscar técnicos de laboratorio en las universidades de North Dakota, ni siquiera entre quienes realizan prácticas en el hospital. Agregó que West River no puede competir con los sueldos que se ofrecen en las ciudades más grandes.
“Es un ciclo muy negativo en este momento. Estamos en serios problemas”, dijo.
Phillip Reese es especialista en análisis de datos y profesor asociado de Periodismo en la California State University, Sacramento.
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