Mientras inmigrantes en el sureste de Louisiana y Mississippi se preparaban para una operación del Departamento de Seguridad Nacional en diciembre, Cristiane Rosales-Fajardo recibió una llamada desesperada de una amiga.
La inquilina guatemalteca de su amiga, quien no sabía que estaba embarazada, acababa de dar a luz a un bebé prematuro en una casa en Nueva Orleans. Los padres no tenían residencia legal, y la madre se negó a ir al hospital por miedo a ser detenida por agentes de inmigración federales.
“Hay sangre por todos lados, y el bebé está muerto”, recuerda Rosales-Fajardo que le dijo su amiga.
Rosales-Fajardo se puso las sandalias, agarró guantes quirúrgicos y corrió hacia la casa.
Inmigrante de Brasil, Rosales-Fajardo es organizadora comunitaria en Nueva Orleans Este, que concentra una gran comunidad inmigrante. No tiene formación médica formal, pero tiene experiencia asistiendo partos.
Al llegar, observó la habitación. Un niño de 3 años estaba de pie a un lado mientras la madre se sentaba al borde de la cama. El padre sostenía a su hijo recién nacido envuelto en toallas empapadas de sangre; el bebé no respiraba.
“El bebé estaba completamente gris”, dijo después Rosales-Fajardo.
Le limpió la boca y le frotó la espalda antes de hacerle pequeñas compresiones en el pecho y darle respiración boca a boca.
Le dijo a los padres que debía llamar al 911 para que la madre y el bebé recibieran atención en un hospital. El bebé ya había nacido, pero el parto aún no había terminado.
“Le aseguré que iba a estar a salvo, se lo prometí”, dijo Rosales-Fajardo.
El miedo se sentía en la habitación. Aun así, hizo la llamada y continuó con la reanimación. Finalmente, el bebé reaccionó y se movió en brazos de Rosales-Fajardo. Cuando llegó la ambulancia, la madre intentó evitar que su esposo la acompañara, aterrada de que arrestaran a ambos. Él fue de todos modos.
Poniendo la seguridad sobre la salud
“Estas son personas trabajadoras”, dijo Rosales-Fajardo. “Todo lo que hacen es trabajar para mantener a su familia. Pero estuvieron a punto de perder a su hijo por no llamar al 911”.
A casi dos semanas de iniciada la operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llamada Catahoula Crunch, que comenzó el 3 de diciembre, profesionales de salud y defensores comunitarios en Louisiana y Mississippi reportan un aumento inusual de pacientes inmigrantes que se han salteado citas médicas y muestran altos niveles de estrés.
Según un comunicado de prensa, el DHS había arrestado a más de 250 personas hasta el 11 de diciembre. Aunque las autoridades federales aseguran que están enfocadas en detener a personas con antecedentes penales, la agencia Associated Press (AP) informó que la mayoría de las 38 personas detenidas en los primeros dos días del operativo en Nueva Orleans no tenían historial criminal.
Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, las familias inmigrantes en todo el país son más proclives a evitar o posponer la atención médica, en parte por preocupaciones relacionadas con su estatus migratorio, según una encuesta reciente de KFF y The New York Times.
La encuesta reveló que casi 8 de cada 10 inmigrantes que probablemente estén viviendo en Estados Unidos sin autorización legal dijeron haber experimentado efectos negativos en su salud este año, desde ansiedad y problemas de sueño hasta el empeoramiento de afecciones como presión arterial alta o diabetes.
Las redadas migratorias federales en California, Illinois, Carolina del Norte y ahora en Louisiana y Mississippi agravan las dificultades que estas familias ya enfrentan, como el acceso limitado a servicios, barreras lingüísticas, falta de seguro médico y altos costos.
Esa renuencia a recibir atención, incluso en casos de emergencia, parece justificada en medio de las redadas.
Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), los hospitales y centros de salud generalmente deben permitir el acceso de agentes federales a las áreas abiertas al público. En California, este año, agentes federales se han apostado en salas de espera de hospitales, se han presentado en clínicas comunitarias y han custodiado a personas detenidas en habitaciones de hospital.
Incluso ir o volver de una cita médica implica un riesgo, ya que las detenciones durante controles de tránsito son una práctica común de los agentes de migración.
La enfermera Terry Mogilles, del University Medical Center (UMC), dijo que los inmigrantes suelen representar al menos la mitad de los pacientes en su clínica de traumatología ortopédica en Nueva Orleans, muchos con lesiones graves relacionadas con el trabajo en la construcción que requieren cirugía. Pero ahora, Mogilles dijo que muchos de esos pacientes no van a sus citas de seguimiento, a pesar del riesgo de infecciones.
“Llamamos y no logramos comunicarnos”, dijo Mogilles. “Es muy angustiante porque no sabemos qué les está pasando después de la operación”.
El miedo se extiende en el sur
Las autoridades federales informaron que la operación Catahoula Crunch también se lleva a cabo en el sur de Mississippi, aunque la mayoría de los arrestos iniciales ocurrieron en el área metropolitana de Nueva Orleans. Las familias inmigrantes en todo Mississippi se están preparando para lo que se avecina.
Michael Oropeza, director ejecutivo de la organización El Pueblo, que presta servicios a comunidades inmigrantes de bajos ingresos en Biloxi y Forest, dijo que han visto a familias postergar atención médica, cancelar chequeos infantiles y dejar de surtir recetas.
“No es que no valoren su salud; es que no se sienten seguros”, afirmó Oropeza. “Cuando los hospitales y clínicas dejan de ser un lugar seguro, se pierde la confianza que tomó años construir. Puede desaparecer de la noche a la mañana”.
María, una residente de Biloxi originaria de Honduras, contó en español que ella y sus dos hijos han perdido citas médicas rutinarias porque están “aterrados” de salir de casa ante el aumento de la presencia de agentes federales de migración. Su esposo, quien tiene autorización para trabajar en Estados Unidos, fue detenido durante dos meses este año.
Sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Antes tenían cobertura de Medicaid, pero María decidió darlos de baja hace tres años por miedo a que el uso de beneficios públicos afectara las solicitudes de residencia de su familia. Ahora pagan la atención médica de sus hijos de su propio bolsillo.
Cuando se sientan seguros de volver a salir, María dijo que su prioridad será buscar atención en salud mental para abordar el estrés que ha vivido su familia.
“Yo necesito visitar un médico definitivamente para que me chequee porque no me siento bien”, dijo, al describir su ansiedad, depresión e insomnio.
En Louisiana, Marcela Hernández, de Familias Unidas en Acción, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda directa a inmigrantes, dijo que muchas de las familias con las que trabaja viven al día. Refugiarse en casa y perder días de trabajo solo aumenta el estrés. Hernández contó que recibió 800 llamadas pidiendo comida en solo dos días, de familias que tenían miedo de salir a la calle.
Según la agencia AP, la operación federal en Louisiana y Mississippi podría extenderse por más de dos meses. Cuanto más se prolongue, más teme Hernández que comience a haber desalojos, ya que las personas no podrán pagar el alquiler, lo que traumatizaría aún más a una comunidad que a menudo ha tenido que emprender viajes peligrosos para llegar a Estados Unidos, huyendo de situaciones difíciles en sus países de origen.
“No abandonas tu país sabiendo que vas a ser violada en el camino solo porque quieres venir a conocer a Mickey Mouse”, dijo.
Rosales-Fajardo, quien dirige una organización sin fines de lucro llamada El Pueblo NOLA, comentó que muchas familias le cuentan que sus hijos han comenzado a hacerse pis encima por el miedo y el estrés.
A nivel nacional, inmigrantes en situación migratoria irregular han reportado que algunos de sus hijos tienen problemas para dormir o cambios en el rendimiento escolar o en su conducta, según la encuesta de KFF y The New York Times.
Grupos comunitarios esperan que personas de la comunidad se movilicen para llevar alimentos y productos de higiene a los hogares de inmigrantes, y que profesionales de salud ofrezcan más visitas domiciliarias o por telemedicina.
Como en otros hospitales, las salas de espera del UMC son consideradas espacios públicos, explicó Mogilles. Pero el sindicato de enfermeras pide que el hospital establezca áreas seguras a las que los agentes federales no tengan acceso y políticas claras para proteger al personal de salud que a su vez cuida a los pacientes.
Las citas postoperatorias no pueden realizarse de forma virtual, por lo que los pacientes necesitan sentirse lo suficientemente seguros para venir, explicó Mogilles.
El cuidado prenatal y postnatal también es difícil de ofrecer de forma virtual, lo que pone en riesgo la salud de embarazadas o mujeres que han parido recientemente, explicó Latona Giwa, directora ejecutiva de Repro TLC, una organización nacional de capacitación en salud sexual y reproductiva.
Desde que comenzaron las redadas en Chicago en septiembre, Giwa dijo que las clínicas y proveedores con los que trabaja reportaron que el 30% de sus pacientes no habían ido a sus citas médicas. Las farmacias reportaron una caída del 40% en la recolección de medicamentos.
“Sabemos que en el manejo de afecciones crónicas, especialmente durante el embarazo, pero también en general, incluso faltar a una sola cita puede afectar el desarrollo de la afección y empeorar los resultados del paciente”, dijo Giwa.
En Louisiana, donde los resultados de salud materna ya son deficientes, el temor al arresto podría agravar una crisis que ya se intensificó con la anulación de Roe v. Wade y poner vidas en riesgo. Giwa está especialmente preocupada por las familias con bebés prematuros en la unidad de cuidados intensivos neonatales (NICU, por sus siglas en inglés).
“Imagínate que tu bebé está en el hospital, tan vulnerable, y tú tienes miedo de ir a verlo y cuidarlo porque temes ser deportada”, dijo, señalando que la salud de un recién nacido depende en parte de la presencia de sus padres.
Esa es la situación que enfrenta la familia guatemalteca en Nueva Orleans.
En un día reciente de diciembre, Rosales-Fajardo actuó como traductora y defensora de la familia durante su primera visita para ver a su hijo en la NICU, en un hospital en la zona norte del lago Pontchartrain. El personal les dijo a los padres que necesitarían hacer ese viaje largo y riesgoso varias veces durante al menos un mes, para brindar contacto piel con piel y leche materna.
Rosales-Fajardo condujo a los padres, quienes tenían miedo de cruzar el puente por su cuenta por temor a ser detenidos. Dijo que seguirá llevándolos las veces que sea necesario.
“Cuando ven a alguien hispano manejando o algo así, ya les parece sospechoso”, dijo sobre los agentes federales.
Pero el bebé está a salvo y saludable. Y los padres nombraron a Rosales-Fajardo como su madrina.
Gwen Dilworth de Mississippi Today y Christiana Botic de Verite News colaboraron con este artículo.
KFF Health News is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues and is one of the core operating programs at KFF—an independent source of health policy research, polling, and journalism. Learn more about KFF.
USE OUR CONTENT
This story can be republished for free (details).
