James Gallagher, republicano de California y ex líder de la bancada del Partido Republicano en la Asamblea estatal, ha acusado con frecuencia a los legisladores progresistas del estado de intervenir demasiado en las cuestiones de gobierno. Sin embargo, este año sumó su nombre a una iniciativa legislativa para que las comidas escolares sean más saludables.
Su partido también respaldó la medida: todos los republicanos, excepto uno, votaron a favor de enviar un proyecto de ley al gobernador demócrata Gavin Newsom que establecería por primera vez en el país una definición legal de alimentos ultraprocesados, seguida de una prohibición de los más preocupantes en las escuelas públicas.
Aunque fueron los demócratas de California quienes impulsaron las primeras prohibiciones estatales de ciertos colorantes artificiales para alimentos y aditivos, ahora legisladores estatales conservadores en todo el país han comenzado a examinar con más detalle los alimentos que consumen los estadounidenses, como parte de la campaña de la administración Trump para “Hacer a Estados Unidos saludable otra vez” (“Make America Healthy Again o MAHA”).
“Vemos con nuestros hijos que no tienen acceso necesariamente a los mejores alimentos en sus escuelas”, dijo Gallagher, padre de cinco, quien es coautor del proyecto de ley junto con el asambleísta demócrata Jesse Gabriel. “Y lo vemos en todo el país, no solo en California: nuestros hijos están sufriendo una epidemia de obesidad”.
La rapidez con la que mejorar la calidad nutricional de los alimentos en Estados Unidos se ha convertido en una preocupación bipartidista ha sorprendido a algunos expertos en políticas de salud, considerando las duras críticas que los republicanos han hecho en el pasado a este tipo de esfuerzos.
“Es muy difícil de comprender”, dijo Marion Nestle, profesora emérita de la Universidad de Nueva York, quien ha investigado durante décadas temas de nutrición y políticas alimentarias. “Cuando Michelle Obama intentó que los niños estadounidenses comieran más sano, fue atacada por la derecha y acusada de extralimitarse en el rol del gobierno, de querer crear un ‘estado niñera’, y muchas otras cosas. Y ahora los republicanos están haciendo lo mismo”.
Aunque no existe una definición estandarizada, los alimentos ultraprocesados generalmente se refieren a productos fabricados de manera industrial que contienen ingredientes poco comunes en la cocina casera. Suelen tener bajo valor nutricional y altos niveles de sal, azúcar y grasas no saludables. Datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indican que más de la mitad de las calorías que consumen los estadounidenses provienen de estos alimentos.
Estudios científicos han vinculado estos alimentos con problemas de salud, incluyendo un mayor riesgo de infarto, obesidad, diabetes tipo 2 y problemas de salud mental.
Sin embargo, algunos de los grupos de la industria alimentaria más influyentes del país advierten que, si se aprueba el proyecto de ley de California, productos como hamburguesas vegetales, tomates enlatados y queso rallado podrían ser etiquetados como ultraprocesados si contienen aditivos como clara de huevo, ácido cítrico o almidón de maíz.
“La gente ve los alimentos ultraprocesados como algo automáticamente negativo”, dijo Dennis Albiani, cabildero de varios grupos del sector. “Los alimentos saludables y naturales podrían categorizarse como alimentos ultraprocesados, y solo esa categorización generaría confusión entre los consumidores y les haría pensar que deberían evitarlos”.
Al menos 30 estados —algunos de ellos profundamente conservadores— han aprobado o están considerando restricciones a sustancias químicas en alimentos o envases, según el Environmental Working Group, que copatrocinó la iniciativa en California.
En marzo, Patrick Morrisey, gobernador republicano de West Virginia, agradeció a la administración Trump por “ayudarnos a lanzar este movimiento” al firmar una ley que prohíbe varios colorantes y aditivos artificiales en alimentos vendidos en el estado.
En agosto, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., acompañó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, cuando firmó una ley que exige etiquetas de advertencia en productos que contienen ciertos aditivos o colorantes.
Mientras tanto, una docena de estados, incluidos Florida, Idaho y Oklahoma, han solicitado y recibido exenciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para impedir que beneficiarios del programa de asistencia alimentaria compren refrescos y, en algunos casos, dulces.
Kennedy, quien lidera el movimiento MAHA, ha pedido a la industria que elimine gradualmente los colorantes sintéticos a base de petróleo, está evaluando cerrar una laguna regulatoria que permite que sustancias químicas entren al suministro de alimentos sin aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y busca establecer una definición federal de alimentos ultraprocesados, que, según él, son responsables de una epidemia de enfermedades crónicas.
La vocera del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Emily Hilliard, no quiso hacer comentarios sobre el proyecto de ley de California, pero dijo en un correo electrónico que Kennedy “alienta a los líderes estatales a impulsar políticas que prioricen la salud infantil, apoyen decisiones informadas de las familias y promuevan el acceso a opciones más saludables”.
Algunos expertos en salud han cuestionado si el gobierno de Trump realmente tiene intención de confrontar a la industria alimentaria, especialmente después de que el último informe del movimiento MAHA, publicado en septiembre, pareció alejarse de la idea de imponer restricciones directas a pesticidas y alimentos ultraprocesados.
California tiene un historial mixto en cuanto a intentos por limitar lo que la gente come y bebe.
La Legislatura estatal, controlada por los demócratas, ha aprobado prohibiciones a aditivos y colorantes sintéticos para alimentos en años recientes.
Pero ante la oposición de la industria de bebidas, no ha logrado prohibir los refrescos gigantes ni aplicar impuestos a las bebidas azucaradas, que, advierten profesionales de salud, aumentan el riesgo de sobrepeso, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y caries.
En aquel momento, Gallagher calificó la propuesta de prohibir refrescos como “el tipo de intervención gubernamental que la gente no tolera”, aunque ahora asegura que la evidencia lo ha convencido de que ciertos aditivos deben eliminarse de los alimentos infantiles.
Newsom tiene hasta el 12 de octubre para firmar o vetar la medida sobre alimentos ultraprocesados. Quienes la apoyan esperan que las regulaciones estatales generen un efecto dominó en la industria alimentaria del país, impulsando a los fabricantes a reformular sus productos. Las escuelas públicas de California sirven casi mil millones de comidas al año.
El proyecto de ley de California define los alimentos ultraprocesados como aquellos con alto contenido de grasas saturadas, sal o azúcares añadidos (incluidos los endulzantes no calóricos) y que contengan al menos un ingrediente industrial de una lista que incluye espesantes, gases, emulsionantes y colorantes o sabores artificiales.
Según los impulsores de la iniciativa, ya se tomaron en cuenta las preocupaciones de la industria, y la definición excluye alimentos “mínimamente procesados” como vegetales picados o enlatados, leche pasteurizada, bebidas alcohólicas, fórmula infantil y alimentos médicos diseñados para controlar enfermedades.
No todos los alimentos ultraprocesados que cumplan con esa definición serían prohibidos. El proyecto de ley instruye al Departamento de Salud Pública de California a identificar una subcategoría de alimentos “preocupantes” que serían eliminados de forma gradual. Entre los criterios que el departamento deberá considerar están si esos alimentos ya están prohibidos en otros estados o países, y si hay evidencia científica de que causan daño o fueron diseñados para ser irresistibles al paladar (hyperpalatable, en inglés).
El Departamento de Salud deberá establecer esas regulaciones a más tardar el 1 de junio de 2028, y las escuelas públicas que van de kinder a doceavo grado comenzarían a eliminar ciertos alimentos ultraprocesados desde el 1 de julio de 2029. Aún no se sabe cuánto costará esta medida a las escuelas, ya que se desconoce qué alimentos serán eliminados, según un análisis del proyecto de ley.
Para Jack Bobo, director ejecutivo del Instituto de Estudios Alimentarios Rothman Family de UCLA, la meta del proyecto de ley —mejorar la calidad de los alimentos escolares— es positiva, pero podría generar una burocracia innecesaria. A fin de cuentas, los alimentos ultraprocesados que se consideren “particularmente dañinos” serán aquellos con alto contenido de sal, azúcar y grasa, elementos que ya están identificados como poco saludables en las guías nutricionales actuales.
“La gente se preocupa por los conservantes y los aditivos alimentarios, cuando en realidad debería concentrarse primero en la grasa, la sal y el azúcar”, dijo Bobo. “Eso nos distrae de los factores centrales que realmente están causando el problema, o al menos la mayor parte del problema. Hay demasiada grasa y azúcar en las comidas de los niños, igual que en las de los adultos”.
Bobby Mukkamala, presidente de la Asociación Médica Estadounidense (AMA), declinó comentar sobre el proyecto de ley, pero dijo que su organización apoya una mayor regulación gubernamental de los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, agrego que los primeros pasos deberían ser crear conciencia pública sobre los peligros de estos productos y educar a la población sobre opciones más saludables.
Mukkamala criticó los recortes de fondos federales a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), que, según dijo, dificultan que los científicos investiguen cuáles alimentos ultraprocesados representan el mayor riesgo. Aunque muchos de estos productos tienen poco valor nutricional, algunos procesos —como enriquecer los cereales con ácido fólico— pueden ser beneficiosos, afirmó. Y todo el tiempo están surgiendo nuevos productos.
“Hay mucha investigación que nos ayuda a entender qué es bueno y qué es malo”, dijo. El gobierno federal “dice: ‘Vamos a mejorar nuestra salud regulando estos productos’, pero no hacemos suficiente investigación para saber qué regular. Es como dar un paso adelante y otro hacia atrás”.
Esta historia fue producida por Kaiser Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.
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